sábado, febrero 18, 2012

Causa probable para los arrestados en caso de molinos de viento


Jueves, 17 de febrero, de 2012

Durante el día de hoy viernes 17 de febrero, se llevó a cabo el tercer día de la Vista Judicial en Alzada ante la jueza Gladys González Segarra contra seis ciudadanos acusados de violar el nuevo Artículo 208A del Código Penal, conocido como la enmienda Tito Kayak. Los arrestados el 15 de diciembre de 2011 se manifestaban en una zona de servidumbre de paso de una de las entradas a los terrenos agrícolas donde la compañía extranjera Pattern Energy tiene planificado instalar 65 turbinas de viento, más altas que la Estatua de la Libertad, perturbando al menos 3,700 cuerdas del Valle Agrícola de Santa Isabel.

Los acusados, el Dr. Robinson Rodríguez Pérez, profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), el agrónomo Raúl Mari Fernández, estudiante de posgrado en el Recinto de Río Piedras de la UPR, Rosemarie Vázquez Cruz, egresada del RUM, Javier Smith Torres, estudiante de Economía de dicha institución, Edwin Velázquez González, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrícolas del RUM, y Luis O. García Mercado, activista, fueron declarados con causa para arresto en presencia del Presidente del Colegio de Abogado, el Lic. Osvaldo Toledo Martínez. Estos pagaron una fianza de 20$ y fueron citados para una vista preliminar al caso el día viernes 2 de marzo en el Tribunal de Ponce.

Siendo esta la primera vez en que se aplica el artículo 208-A del código penal, la fiscalía necesitó 8 testigos para encontrar causa por la interrupción de obras de construcción. Durante esta última vista en alzada 5 hombres y una mujer alguacil se presentaron en la sala del tribunal media hora antes de que la jueza les declarara con causa probable. Los arrestados acudieron a los predios de Pattern Energy para manifestarse y ejercer su derecho a libertad de expresión, especialmente cuando dicho proyecto comenzó sin consultoría, y sin celebrar vistas públicas con los santa isabelinos.

Esta decisión criminaliza el derecho a la libertad de expresión poniendo en juego el futuro de los derechos civiles de los puertorriqueños. Ante la decisión tomada por el Tribunal de Ponce, el Frente Rescate Agrícola exhorta al Pueblo a unirse a su lucha por la defensa de los terrenos agrícolas a lo largo y ancho del país, y a que acudan a la próxima vista preliminar al juicio.

El Frente de Rescate Agrícola (FRA), reafirma su compromiso de lucha para garantizar la seguridad alimentaria de todo el Pueblo de Puerto Rico. “Vamos a seguir luchando por que se honren las Reservas Agrícolas, y por que sean los mismos puertorriqueños los que manejen nuestros terrenos agrícolas” comentó uno de los arrestados.

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