lunes, septiembre 28, 2009

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Posición de La Vía Campesina sobre crisis financiera


28-09-2009

La crisis del precio de los alimentos y la crisis financiera son el resultado de años de liberalización ultraliberal que se remonta a los crímenes contra la humanidad cometidos contra los pueblos autóctonos norteamericanos y africanos para maximizar las ganancias. Los inversores y especuladores que buscan los mayores beneficios han utilizado la “ingeniería financiera “ para poder movilizar grandes sumas de capital entre países y continentes. Estos instrumentos especulativos, los llamados “ productos y servicios financieros ” proporcionaron grandes beneficios pero no se produjo nada. Su valor se incrementó como resultado de la mera expectativa de que el sistema financiero continuaría sobrevalorando dichos “productos” y “servicios”.

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En estos momentos los gobiernos están solamente preocupados por parar la caída, apuntalando a los bancos e incrementando el PIB y la riqueza global, y al mismo tiempo ignorando las apremiantes preocupaciones ambientales por los recursos limitados y la crisis del cambio climático.


Las medidas del estímulo adoptadas actualmente por varios países e instituciones para aumentar el consumo, son principalmente una respuesta a los grupos de presión abusivos tales como la industria del automóvil. Llevando a cabo solamente cambios pequeños, produciendo automóviles de bajo consumo estas medidas representan pequeños e insuficientes pasos para tratar los retos medio- ambientales. El G20 ha especificado que se gastarían en total 5 billones de dólares para poder “salvar y crear millones de puestos de trabajo que de otra manera hubieran sido destruidos”(2).

El G20 afirma que quiere acelerar la transición a una economía verde, pero no han mencionado medidas concretas. Los gobiernos de todo el mundo están fomentando el mismo sistema que ha llevado al cambio climático, la contaminación y la degradación medioambiental. En vez de dejar la iniciativa al G20, la ONU debería aprovechar esta oportunidad para reorientar la economía global lejos del consumo actual sin freno y derrochador.


La lucha contra la crisis se ha convertido en una cruzada contra el “proteccionismo” cuando en realidad “ proteger” a sus ciudadanos es el derecho y la obligación de todos los gobiernos. Políticas tales como los aranceles para promocionar la producción local y proteger a las industrias incipientes, pueden beneficiar activamente a las personas y no deberían prohibirse, especialmente las llevadas a cabo por países en vías de desarrollo tratando de competir con políticas agrícolas y comerciales injustas.


Las nuevas políticas y regulaciones no supondrán ningún cambio a largo plazo en el sistema. El esquema mental continua siendo el mismo. Puede que se refuercen los controles sobre el sector financiero, pero las principales estructuras quedan intactas: el desvío de riqueza de los pobres a los ricos continuará mientras se siga explotando a la fuerza de trabajo. Con el tiempo, se generarán nuevas crisis por el monocultivo financiero de los grandes bancos y fondos de inversión.

Además, las políticas actuales consideran la agricultura como cualquier otro negocio. Ignoran la agricultura de campesinos y la importancia de los sistemas de alimentación basados en la gente. La producción de materias primas tales como la soja, el maíz y el floreciente mercado de los agro-combustibles, va a liderar la inversión en la agricultura, como ha ocurrido hasta ahora. El impacto desastroso de la agricultura industrial y de la producción de plantación va a dar continuidad al proceso de destrucción del medio ambiente. La reunión del G8 para la agricultura en Italia, presentó la iniciativa de la “Alianza por la revolución verde en África (AGRA) como un aspecto vital para reavivar la economía global, ignorando la historia de la primera revolución verde con desigualdades en aumento, dependencia y degradación ambiental.

El G20 en Londres estuvo de acuerdo en dar al Fondo Monetario Internacional 500 mil millones de dólares de fondos extraordinarios para la financiación de préstamos en países que sufren dificultades debido a la crisis. Este enfoque renovado en el FMI como “prestamista de última instancia” elimina el control económico de los países y lo coloca en las manos de los economistas del FMI que están proponiendo reformas estrictamente liberales. El FMI afirma que es necesario el estímulo fiscal. Sin embargo, en algunos países, el FMI continua imponiendo las condiciones de las antiguas políticas: reducción del gasto público, reducción de los salarios en el sector público y la eliminación de subsidios (3). Ya hemos visto cómo afectaron estas políticas a los países en vías de desarrollo en los años 1980 y 1990: crecimiento a costa de las personas pobres de las zonas rurales.


Los nuevos programas no hacen nada para cambiar la orientación de los fondos. Refuerzan la impunidad de aquellos que más se han beneficiado del sistema y al mismo tiempo penalizan a aquellos que se han empobrecido por dichas políticas. Ignoran la agricultura basada en el campesinado, mientras que refuerzan programas para apoyar la agricultura corporativa y basada en la exportación.

¿Qué se necesita ahora como respuesta a esta crisis?

Debido a la inmensidad de este crimen contra de la humanidad, creemos que no hay soluciones con esta imperante arquitectura financiera global. No se pueden lograr políticas significativas sin reformar radicalmente el sistema bancario internacional(1).

El sector financiero debería esta al servicio de la sociedad en vez de exprimirle la riqueza a la gente para el beneficio de unos pocos que controlan el sistema. Son necesarias una regulación fuerte por parte del gobierno y la prohibición de la especulación en el sector bancario . Hay que detener la creciente concentración del sector bancario y hay que desmantelar los grandes bancos. Es inaceptable que las instituciones financieras puedan llegar a ser “demasiado grandes como para fallar”.

No se debería esperar que aquellos que son parte integrante de la crisis, como el FMI, vayan a resolverla. La ONU debería jugar un papel central y permitir un análisis profundo de la crisis incluyendo la participación de los agentes principales de la sociedad civil. La resolución de la crisis tiene que llevarse a cabo en un foro democrático y representativo, donde puedan participar representantes de todas las naciones.

Tenemos que parar la privatización de la tierra, agua, semillas y otros recursos, ya que este proceso aumenta las posibilidades de especulación, además de ser injusta. En vez de hacer que los pobres paguen, aquellos que poseen la mayoría del capital y que tienen acumulados tantos beneficios durante los últimos años, tienen que cubrir las pérdidas a través de un impuesto específico sobre su capital.


Tenemos que continuar construyendo nuestra propia autonomía para que seamos menos dependientes de este sistema (internacional) predatorio. Deberíamos reforzar nuestras propias alternativas desarrolladas a través de la economía solidaria donde el capital está al servicio de las personas y no al revés. Deberíamos desarrollar nuestra colaboración con los bancos solidarios para poder crear nuestro propio sistema basado en la cooperación y en la responsabilidad mutua, dando prioridad a los modelos locales y de comunidad sin fines de lucro.

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