miércoles, diciembre 15, 2004



Uruguay: No a la privatización del agua


Carmelo Ruiz Marrero
Claridad

Por primera vez en la historia, un pueblo se expresa en las urnas en contra de que privaticen su agua. El pasado 31 de octubre el pueblo uruguayo, por vía de plebiscito, aprobó una reforma constitucional que define al agua como un bien de dominio público y garantiza la participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos del país.

El artículo introducido a la Constitución uruguaya dice que ”el agua es un recurso natural esencial para la vida” y que el acceso a éste y a todos los servicios de saneamiento son ”derechos humanos fundamentales”.

El plebiscito lo impulsó la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por la unión de trabajadores de la empresa estatal de agua (el equivalente de nuestra UIA) y varios grupos de la sociedad civil, y obtuvo el respaldo de 60% de los votantes. Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia de la república por parte del Frente Amplio y ganador de la contienda electoral que tomó lugar el mismo día, también apoyó el plebiscito sobre el agua.

127 organizaciones de 36 países suscribieron una carta abierta en respaldo a la acción del pueblo uruguayo. Dice el documento que lo ocurrido el pasado 31 de octubre sentó ”un precedente histórico en la defensa del agua, a través de su inclusión en la Carta Magna de un país por la vía de la democracia directa”. Señalaron también que la reforma constitucional aprobada ”asegura la defensa de la soberanía sobre un recurso natural ante la embestida de las corporaciones trasnacionales”.

Las empresas más afectadas son las españolas Uragua y Aguas de la Costa.

La primera es propiedad de las firmas españolas Cartera Uno, Iberdrola y Aguas de Bilbao, mientras que Aguas de la Costa pertenece a la española Aguas de Barcelona, que a su vez es parte de la francesa Suez-Lyonnaise des Eaux (compañía matriz de Ondeo). Desde que se instaló Aguas de la Costa en el departamento uruguayo de Maldonado en 1992, las tarifas del servicio llegaron a ser siete veces más altas que en el resto del país.

"La gente ha votado confirmando que el agua, recurso natural escaso y perecedero, debe ser un derecho de todos y no un privilegio de quienes pueden pagarlo", dijo el autor uruguayo Eduardo Galeano, comentando sobre el plebiscito. "Y la gente ha confirmado, también, que no se chupa el dedo y sabe que más temprano que tarde, en un mundo sediento, las reservas de agua serán tanto o más codiciadas que las reservas de petróleo. Los países pobres, pero ricos en agua, tenemos que aprender a defendernos. Más de cinco siglos han pasado desde Colón. ¿Hasta cuándo seguiremos cambiando oro por espejitos?"

"¿No valdría la pena que otros países sometieran el tema del agua al voto popular?", sugirió Galeano. "En una democracia, cuando es verdadera, ¿quién debe decidir? ¿El Banco Mundial (BM) o los ciudadanos de cada país? ¿Los derechos democráticos existen de veras, o son las frutillas que decoran una torta envenenada?"

El autor de "Las Venas Abiertas de América Latina" recordó que en 1992 Uruguay había sido el único país del mundo en someter a plebiscito la privatización de las empresas públicas y El 72% votó en contra. "¿No sería democrático plebiscitar las privatizaciones en todas partes, habida cuenta de que comprometen el destino de varias generaciones?"



La activista canadiense Maude Barlow, luchadora veterana de cruzadas internacionales contra el neoliberalismo y la privatización, estuvo en Uruguay en esos días para dar su apoyo a la medida plebiscitaria.

"En el mundo hay un grupo de políticos, agencias gubernamentales, el BM y estas compañías del agua que se creen una especie de 'comando mundial del agua'", dijo Barlow en entrevista con Radio Mundo Real.

"Ellos toman las decisiones acerca de la vida de las personas y su acceso al agua. Nadie tiene la oportunidad de votar en este asunto, nadie en el mundo, hasta ahora en Uruguay, donde han tenido la capacidad de decir lo que quieren que suceda con su agua. Todas las decisiones son tomadas por el BM o por la Organización Mundial del Comercio. Por eso esta experiencia es tan importante, porque puede tomarse como precedente para su aplicación en otros países y llevarse a las Naciones Unidas, que es lo que estamos planeando hacer eventualmente con lo que se ha hecho en Uruguay."

Barlow, autora del libro "Oro Azul", señaló que el saldo de las privatizaciones de recursos naturales, en especial agua, ha sido desastroso en América Latina. "Había grandes esperanzas, porque se creía que las compañías de agua iban a traer nuevas inversiones, pero no sucedió así. Lo que estas compañías trajeron consigo fueron inversores globales interesados en saquear los recursos locales para su propio beneficio, usualmente el BM o el Banco Interamericano de Desarrollo y los propios gobiernos, que son los que asumen los riesgos cuando son las compañías las que obtienen los mayores beneficios. "

"País tras país, estas empresas cobran altos precios por el agua, que las personas no pueden pagar, los estándares están cayendo, por lo que el agua que ofrecen no es de calidad. El agua de calidad es para la gente rica o para las áreas turísticas", concluyó Barlow.


Alternativas: Porto Alegre

Para alternativas a la privatización, sólo hay que mirar a la ciudad brasileña de Porto Alegre. Los acueductos de esa ciudad los maneja el Departamento Municipal do Agua e Esgoto (DMAE), entidad del sector público pero financieramente independiente del gobierno estatal. El DMAE se financia con las cuentas que pagan los abonados y reinvierte sus ganancias en mejoras a su infraestructura.

Sus operaciones se distinguen por su nivel avanzado de participación pública y control democrático. El DMAE lo gobierna un consejo de representantes de la sociedad civil local y las decisiones operacionales y de inversión deben pasar el cedazo de un proceso presupuestario participativo. Y no es con el agua solamente. En Porto Alegre los ciudadanos deciden directamente las prioridades presupuestarias en muchas otras áreas del quehacer público.

Como resultado de esta política participativa, en Porto Alegre 99.5% de la población tiene acceso a agua potable limpia. Debido al sentido de responsabilidad que los residentes/abonados tienen para con el DMAE, hay un alto nivel de conciencia entre la población con respecto a la conservación del agua. La gente también acepta de buena gana las alzas ocasionales en las tarifas porque entienden que el dinero se usa de manera prudente y responsable. De cualquier modo, las tarifas del DMAE son de las más bajas en todo el país. Pero a la misma vez el consumo de agua en Porto Alegre es bajo debido a campañas educativas y una estructura tarifaria progresista que favorece a los pobres.



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